Socialización Caracterización Del Sector IT

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InfoJudicial S.A.S participo del foro de socialización caracterización del Sector IT estuvimos reunidos varios empresarios con base tecnológica TI, en el foro nos acompañaron Paola Restrepo Ospina Presidente ejecutiva de Fedesoft(empresa que agremia el desarrollo de software) y Albeiro Cuesta Consultor y asesor de temáticas TI en los sectores de Industria, Academia y Gobierno, fue muy interesante el foro en él  destacamos la importancia que tienen las empresas con base tecnológica en la economía del país, en el 2016 tuvimos una participación del 1,56 % del PBI, y donde podemos llegar prontamente a una participación del 5% PIB pero para ello debemos enfocarnos en 3 puntos importantes:

  • La asociatividad,  la mayoría de empleos lo generan las pymes, pero en colombia desaparecen rápidamente, el ciclo de vida promedio llega a 5 años, debemos asociarnos para fortalecernos y en conjunto ser más competitivos.
  • Inversión en Innovación y Desarrollo, pocas empresas inviertes presupuesto interno para este fin.
  • La economía Naranja que tanto propone nuestro gobierno, asociar Universidad + Empresa + Estado, para crear servicios de valor.

Por último dejo una frase que quedó grabada en nuestra mente y nos dejó nuestro consultor:

 

SI QUIERES IR RÁPIDO CAMINA SÓLO, PERO SI QUIERES LLEGAR LEJOS CAMINA ACOMPAÑADO (PROVERBIO AFRICANO).

¿Los pantallazos de WhatsApp sirven como prueba judicial?

whatsapp-celular-mensajesbigstock¿En un proceso laboral, se pueden presentar pantallazos de WhatsApp que me envío el jefe como prueba de los horarios en que me hacía trabajar?

 

Pregunta Diana Rocha Céspedes**, de Girardot.

 

Hoy es común encontrar que la prueba de relaciones de toda índole son mensajes de WhatsApp, jefes y empleados se comunican 24/7 por este medio, dejando la trazabilidad de la relación. Según un estudio de la firma de reputación digital LOOR, el 93 % de los empleados encuestados ha sido contactado en alguna ocasión por sus jefes o compañeros de trabajo por este medio. De ellos, el 43 % acepta que guardan las conversaciones como prueba de lo que sucedió, el 75 % cree que es un medio idóneo para recibir órdenes y solo el 9 % dice que les molesta, incluso, cuando son contactados en el horario laboral.

Así, los chats se convierten en importantes piezas procesales al momento de probar una relación laboral, en particular en los temas que tendrían que ver con la subordinación existente por las órdenes impartidas y por los tiempos de trabajo.

Ahora bien, el problema práctico es cómo presentar estos chats en el proceso laboral, sin correr el riesgo de que sean rechazados por los jueces, más aún cuando los chats de WhatsApp son fáciles de manipular (ver ¿se pueden manipular mensajes de WhatsApp).

Los requisitos legales están insertos en la Ley 527 de 1999. Los artículos 6º, 7º y 8º establecen las exigencias de validez probatoria en mensajes de datos, determinando que se pueda abrir electrónicamente y esté firmado, es decir, se pueda saber electrónicamente quién lo hizo y sea original. En otros términos, que le garantice al juez que ha estado inalterado desde que se generó en su forma definitiva. Es importante recordar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-604 de 2016, se pronunció sobre las impresiones de mensajes de datos: “La información pasa de estar contenida en un dispositivo electrónico, que asegura la integridad, autenticidad e inalterabilidad de la información, a un soporte de papel sin esa capacidad técnica, por lo cual, el elemento material probatorio resulta modificado y se convierte en una mera reproducción de su original. Dado que las propiedades de la evidencia misma se han entonces transformado, el legislador dispuso que la referida impresión del mensaje se somete a las mismas reglas de valoración de los documentos. Esto obedece a que, elementalmente, las reglas sobre equivalencia funcional, pero sobre todo, los criterios de apreciación propios de un documento electrónico no son ya aplicables al documento de papel”.

 

De cualquier modo, los pantallazos impresos presentados en un proceso judicial no serían tenidos en cuenta como mensajes de datos, por lo que, en primera instancia, perderían la presunción de autenticidad inserta en el artículo 244 del Código General del Proceso y, de otro lado, la impresión del pantallazo deberá reproducir de forma íntegra el mensaje de WhatsApp, es decir, deberá establecer datos como el número de teléfono de quien envió el mensaje, la fecha y hora, dirección IP de envío y el texto del mensaje. Así, en un simple pantallazo es imposible hacerlo, lo que pone a la otra parte en un estado de indefensión, por lo que no es recomendable usar pantallazos como prueba.

 

En conclusión, para presentar los mensajes de WhatsApp, lo recomendable es acudir a un experto forense, con un laboratorio certificado como el de Adalid, que garantiza las evidencias sustraídas de un celular en cualquier proceso judicial.

 

Si usted, como la señora Diana Rocha** tiene dudas o requiere alguna aclaración al respecto, no dude en escribirnos a info@adalid.com o ingresar a nuestra página Web http://www.adalid.com/

 

** Nombre cambiado

 

* Sección patrocinada. Estas opiniones de expertos de Adalid no constituyen concepto legal.

 

Referencia: https://www.ambitojuridico.com/noticias/tecnologia/tic/los-pantallazos-de-whatsapp-sirven-como-prueba-judicial

 

Estas son las consecuencias de no afiliar a trabajadores al sistema pensional

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Al tratarse de obligaciones expresamente consagradas en la ley, la Corte Constitucional recordó que no es posible que los empleadores se amparen en su propia culpa para evadir su cumplimiento y exonerarse de las consecuencias que puede acarrear su omisión.

Por tanto, si los empleadores no realizan los aportes a pensión respectivos, ya sea porque nunca afiliaron al trabajador o de haberlo hecho nunca pagaron los aportes, no puede quedar desamparado el trabajador frente a su expectativa a obtener un derecho pensional.

Así, para la Sala, dicha omisión no puede ser imputada al trabajador, ni mucho menos este deberá soportar el peso de las consecuencias adversas de la conducta de su empleador, como la imposibilidad de acceder a una pensión que garantice las condiciones mínimas de una subsistencia digna, pues se pondrían en riesgo derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social del empleado.

De lo anterior, concluye el fallo, se extraen tres posibilidades que generan, además, diferentes responsabilidades:

Primera. Si el empleador omitió realizar la afiliación de un empleado al sistema y dicha omisión se extendió por un periodo igual o superior al que la administradora general de pensiones en el régimen de prima media con prestación definida, es decir Colpensiones, requiere para el reconocimiento efectivo de una pensión de vejez en caso de haber sido afiliado a dicha entidad, le corresponderá al empleador negligente asumir el valor de dicha prestación periódica.

Lo anterior debido al fenómeno de la subrogación del riesgo, el cual permite trasladar la obligación de reconocer y pagar las prestaciones que se generen para amparar las contingencias de vejez, invalidez y muerte a un fondo o administrador de pensiones, pero si no hay afiliación el riesgo no se desplaza, por lo tanto, la responsabilidad completa es del empleador. (LeaPrecisan requisito adicional a los generales de procedibilidad de la tutela en temas pensionales)

Segunda.  Si el empleador omitió afiliar a su trabajador a un fondo de pensiones, pero lo hace (afiliación) de manera tardía, la ley contempla la obligación que tiene el empleador de trasladar al sistema el valor de los aportes correspondientes al tiempo laborado por el empleado y que no fue cotizado.

Así, el fondo o administradora expide al empleador un cálculo actuarial de lo adeudado, correspondiente a los aportes que se debieron realizar desde el mismo momento en que inició la relación laboral, este hace el correspondiente pago, trasladando la responsabilidad pensional a la entidad, la cual, si se cumplen los requisitos para una prestación económica, deberá ser quien la asuma.

Tercera. Finalmente, si el empleador afilió cumplidamente al trabajador, pero no hizo los pagos de las cotizaciones que debía, se está frente a la figura del allanamiento a la mora por parte del fondo o administrador de pensiones, ya que a este el legislador le ha dado la oportunidad de a través de instrumentos legales perseguir el pago de dichos aportes.

De tal manera que las prestaciones económicas que se generen serán asumidas por el fondo o administradora con la posibilidad de acudir a los recursos judiciales o administrativos para logar por parte del empleador moroso el pago de los aportes adeudados junto con los intereses a que haya lugar (M. P. Cristina Pardo).

Corte Constitucional, Sentencia T-234, Jun. 19/16.

 Referencia:https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/constitucional-y-derechos-humanos/importante-estas-son-las-consecuencias-de-no

 

 

Recuerdan requisitos para validar grabación hecha por un particular sin orden judicial

Una grabación hecha por un particular sin orden judicial tiene validez en un proceso penal, si se realiza directamente por la víctima o con su aquiescencia, si capta el momento de la comisión del delito y si su finalidad es preconstituir una prueba de este.

Así lo recordó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al precisar que no es viable grabar conversaciones propias con terceros y usarlas en beneficio de intereses particulares.

El alto tribunal recordó que, según el inciso 5º del artículo 29 de la Constitución, es nula la prueba obtenida con violación del debido proceso. “El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales”, advirtió.

Además, reiteró que cuando una persona es víctima de un hecho punible, puede grabar su propia imagen y/o voz en el momento en que es sometida, sin que requiera autorización judicial, e iniciar con ese documento las acciones pertinentes.

De otro lado, indicó que el recurso de apelación no solo procede contra los autos que niegan las solicitudes probatorias, sino también frente a los que las decretan, siempre y cuando la contraparte se haya opuesto a ello en el momento procesal pertinente.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto 41790, sep. 11/13, M. P. María del Rosario González)

Referencia: https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/penal/recuerdan-requisitos-para-validar-grabacion-hecha-por-un-particular-sin-orden

 

Recuerdan cómo se liquida la condena en costas en materia contencioso administrativa

Law theme, mallet of judge, wooden gavelEl artículo 361 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a las actuaciones contencioso administrativas (incluidas las relacionadas con Derecho Tributario), de conformidad con el artículo 306 de la Ley 1437 del 2011 (CPACA), dispone que las costas están integradas por la totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

Así mismo, establece que serán tasadas y liquidadas con base en criterios objetivos y verificables en el expediente.

Por lo anterior, las sentencias que deciden los procesos contenciosos deben resolver sobre la referida condena en costas, exceptuando aquellos en los que se ventile un interés público, como son los impuestos.

En el caso bajo análisis, se negó la condena en costas, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del CGP, según el cual solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

De otra parte, la corporación indicó que la actora, mediante la presentación y pago de las declaraciones de ICA de forma bimestral, cumplió con el deber formal de declarar y con la obligación sustancial del pago de tributo, por lo que no procede la sanción impuesta (C. P. Milton Chaves García).

CE Sección Cuarta, Sentencia 13001233300020130042501 (22440), Mayo 17/18.

Ref: Ambito Juridico https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativo-y-contratacion/recuerdan-como-se-liquida-la-condena-en

 

Precisan requisito adicional a los generales de procedibilidad de la tutela en temas pensionales

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Con base en providencias precedentes, la Corte Constitucional sustentó que además de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela (legitimación por activa y por pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad) se ha dispuesto una exigencia adicional para temas relacionados con el reconocimiento y pago de pensiones.

Lo anterior, con el fin de que sea viable para el juez constitucional analizar de fondo la solicitud. En tal sentido, el juez constitucional debe poder inferir del acervo probatorio aportado la eventual titularidad del derecho reclamado y, por consiguiente, lograr tener el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para acceder a una pensión por parte del accionante.

 

De lo contrario, las pretensiones serán desatendidas, por cuanto el juez de tutela no puede suplir esos vacíos del actor o accionante, lo que da lugar a que las pretensiones sean dirimidas por el juez natural. (Lea: IMPORTANTE: Colpensiones no puede condicionar pensión de invalidez a declaración de interdicción por discapacidad cognitiva)

 

Justamente, la corporación concluyó que no basta cumplir con los exámenes de procedibilidad a nivel general, sino que el accionante deberá demostrar siquiera sumariamente la titularidad del derecho de la prestación económica a la que pretende acceder.

 

Caso concreto

 

La curadora y madre biológica de una joven de 24 años, con retraso mental moderado desde su nacimiento, presentó acción de tutela con el fin de poder reclamar la protección de los derechos fundamentales de su hija, manifestando que esta tiene derecho a la pensión de sobrevivientes del abuelo materno. Ello, por cuanto desde que nació vivió con sus abuelos maternos, quienes respondieron por su crianza y económicamente hasta que fallecieron.

 

Inicialmente, la curadora le solicitó a Colpensiones la pensión de sobrevivientes a favor de su hija, la cual fue negada y, por ello, interpuso la acción constitucional, que tanto en primera como en segunda instancia se declaró improcedente. (LeaSentencia unificadora precisa factores que debe considerar un juez al resolver incidente de desacato de tutela)

 

Acorde con lo explicado, la Corte Constitucional concluyó que no reposan los suficientes elementos de juicio para conceder o negar el amparo solicitado, toda vez que la curadora imposibilitó el recaudo probatorio requerido para identificar la existencia o no del vínculo afectivo y la dependencia económica entre abuelo materno y la joven, por lo que confirmó los fallos anteriores.

 

Y adicionalmente, le ordenó al juez que dirigió el proceso de interdicción y el nombramiento de la curadora ejercer un control sobre el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió la madre y, si se prueba su negligencia, destituirla del cargo.  Además, el ICBF debe realizar visitas a la joven con el fin de velar por su integridad (M.P. Alberto Rojas Ríos)

Corte Constitucional, Sentencia T-255, Jul.4/18

 

Fuente: AmbitoJuridico